La violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias vulneran valores y aspectos esenciales de la vida privada de la víctima, además de anular su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas..

La tortura sexual, crimen que afecta más a las mujeres

La tortura sexual, crimen que afecta más a las mujeres

La violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias vulneran valores y aspectos esenciales de la vida privada de la víctima, además de anular su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas.

Por: Ernesto Cárdenas Villarello y Héctor Alberto Pérez Rivera

Lo tortura sexual, en la mayoría de los casos, representa un doble crimen pues además de la grave violación a los derechos humanos que es en sí misma, también es un atentado contra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia cuando se manifiesta en forma de agresión sexual.

La sexualidad no se limita a la experiencia en la dimensión corporal (biológica) de la persona, consiste en la conjunción de elementos físicos, psicológicos y socio-culturales, éstos no tienen que experimentarse en su totalidad de forma simultánea, como resultado, para algunas personas la afectación sexual se resiente más en el plano corporal (físico), otras en términos de una afectación a la reproducción y algunas más lo vivan como un ataque a la intimidad (física y psicológica).

Bajo esta perspectiva, al momento de conocer actos o hechos que configuren violencia sexual debe considerarse que la vivencia sobre lo sexual es distinta en cada persona. Las personas que investiguen tales hechos tienen la obligación de allegarse a la información sobre el contexto y condiciones particulares de la persona afectada para diseñar medidas de atención adecuadas.

Un elemento trascendental para determinar la existencia de violencia sexual son las afectaciones provocadas por estos actos, es decir, los daños a los bienes jurídicos tutelados por los tipos penales que la conllevan. Al respecto, el o la operadora debe considerar que la sexualidad es un componente de la vida de las personas que tiene varias dimensiones y que la afectación sexual comparte esta característica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfatiza que la violencia sexual transgrede, entre otros, los derechos a igualdad y la no discriminación, el acceso a una vida libre de violencia, la dignidad de las mujeres a nivel cultural, social, familiar e individual, la integridad personal, la salud y, en los casos de tortura, el acceso a la justicia.

Cuando se trata de violencia sexual que se ejerce contra las mujeres, resulta de suma importancia tomar en cuenta que dicha violencia se ejerce con base en estereotipos y expectativas que socialmente existen respecto al comportamiento, características y funciones que se considera las mujeres “deben tener” en función de su sexo (mujer) y su género (femenino), por ejemplo: ser obedientes, dóciles, sexualmente disponibles, deseables, atractivas, sensibles, cariñosas, comprensivas, etcétera.

En los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, en los cuales se juzgó a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el punto central de la afectación a los derechos de las víctimas fue la violación sexual por parte de elementos del ejército mexicano, la cual se consideró un acto de tortura. En estos casos, la Corte definió la violencia sexual como aquellas acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno.

En particular, la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias incluso trascienden el nivel físico, pues vulnera valores y aspectos esenciales de la vida privada de la víctima, supone una intromisión en su vida sexual y anula su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quien tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas. Asimismo, este acto es una forma de tortura.

Dicho Tribunal ha referido en forma constante que la violencia sexual afecta de manera desproporcionada a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, por lo que en el protocolo se incorporan y detallan consideraciones dirigidas específicamente a estos grupos poblacionales. Estos criterios han sido retomados por el derecho mexicano en la identificación de actos de tortura sexual.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha retomado el criterio desarrollado por la CoIDH respecto a los elementos que deben actualizarse para que una violación sexual se subsuma en un acto de tortura, los cuales son los siguientes: i) es intencional; ii) causa severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se comete con determinado fin o propósito (entre otros: intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre).

La SCJN ha sido enfática en señalar que una violación sexual puede constituir tortura, aun cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales, ya que los elementos objetivos y subjetivos que califican un acto de tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde se realiza sino, como se ha precisado, a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a su finalidad.

En los casos referidos, la CoIDH entró al análisis de los actos de investigación básicos que deben realizarse cuando exista tortura sexual. Establecieron que en una investigación penal por conductas de violencia sexual es necesario que:

1) La declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza.
2) La declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición.
3) Se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación.
4) Se realice inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea.
5) Se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia.
6) Se brinde acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso.

Asimismo, la Corte Interamericana ha enfatizado que, en casos de violencia sexual, la investigación debe evitar la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia traumática cada vez que la víctima recuerda o declara sobre lo ocurrido, por lo que los funcionarios que reciben las denuncias y brinden atención inicial a las víctimas (legal, psicológica y médica) deben contar con una sensibilización y capacitación especial, así como con un protocolo de atención bien definido.

La incorporación de la perspectiva de género es una norma procesal que debe considerarse como una garantía del debido proceso en los casos que involucren derechos humanos de las mujeres.

Estos son, de manera general, los estándares que deben considerar los Protocolos y las Fiscalías Especializadas para los actos que realiza el equipo investigador en el inicio del procedimiento, para asegurar la recolección de los datos de prueba y orientar adecuadamente la investigación, así como la debida intervención del personal ministerial, policial y pericial en todo el proceso penal, en términos de lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar l Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

*Ernesto Cárdenas V. es director del Área de Justicia Penal y Derechos Humanos del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. @InsydeMx y coordinador del Programa de Protección a Víctimas de Tortura y Desaparición Forzada, #PROTECT. Héctor Alberto Pérez Rivera es consultor asociado de Insyde, especialista en delitos relacionados con violaciones graves a derechos humanos y director de la clínica de trata del ITAM.

Fuente: Nota original

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